El principio de seguridad jurídica en el marco de la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública

Abstract

El presente trabajo de titulación está estructurado por cuatro capítulos. El primer capítulo enmarca a la contratación pública como una parte del Derecho Administrativo. Además, este capítulo estudia a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como marco innovador normativo que regula las contrataciones que realizan las Entidades Contratantes. El segundo capítulo analiza la importancia del principio de seguridad jurídica como pilar fundamental del Estado, su importancia dentro Sistema Nacional de Contratación Pública y su afectación tras la vigencia del Decreto Ejecutivo 1793. El tercer capítulo estudia la incidencia de la inhabilidad creada por el Decreto Ejecutivo 1793 y la posible declaratoria de inconstitucionalidad del mismo por cuestiones de forma. El cuarto capítulo concluye la necesidad de iniciar una acción pública de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 1793. Dicha necesidad se debe al detrimento de los principios de legalidad, jerarquía normativa, debido proceso de creación normativa, seguridad jurídica, entre otros establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. El tema propuesto es práctico: supera las barreras teóricas en concordancia con el espíritu de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, mediante el presente trabajo, se permite conocer a la normativa legal vigente y a los principios de Derecho Administrativo aplicables a todo procedimiento de contratación pública. Dichos principios, en conjunto, deben inspirar un ordenamiento jurídico certero, legal y ecuánime para los actores. En conclusión, el irrespeto al principio de seguridad jurídica tras la expedición del Decreto Ejecutivo 1793 es evidente. Es, por lo tanto, indispensable defender los preceptos constitucionales y legalmente establecidos dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Dichos preceptos deben garantizarse a través de normas claras que no den lugar a interpretaciones demagógicas, el respeto a los citados principios, solo se logrará, a través de los mecanismos constitucionales o acciones legales instituidas para el efecto en la normativa ecuatoriana vigente.