El estándar actual de valoración probatoria en el Ecuador ¿Es suficiente para condenar el cometimiento de los delitos de poder?

Abstract

La sociedad ecuatoriana se ha visto envuelta en una serie de denuncias e investigaciones de hechos de corrupción; por lo que, de acuerdo a las atribuciones constitucionales dadas en el Art. 195 de la Carta Magna, a Fiscalía le corresponde la investigación preprocesal y procesal penal de estos hechos, siendo el organismo competente, por expreso mandato constitucional, para dirigir cada caso. Lo que busca Fiscalía es investigar la verdad procesal para que los órganos jurisdiccionales, condenen a los responsables de los delitos, así en algunos de esos casos se ha alcanzado sentencias condenatorias; sin embargo, en la mayoría han existido sobreseimientos o sentencias ratificatorias de inocencia. De todos estos escenarios planteados, los que son relevantes jurídicamente para esta investigación, son los que no han dado como resultado sentencias ratificatorias de inocencia, por haberse generado una o varias dudas razonables que conducen a los juzgadores a considerar que no es posible sentenciar a los imputados, quedando abiertas sendas lagunas de impunidad, que impiden que las investigaciones lleguen a consolidarse en verdaderas sanciones penales. Esta problemática lleva a reflexionar acerca de cuál es el problema en el sistema procesal penal o si el sistema está verdaderamente diseñado para absolver o condenar a los infractores penales en los delitos de poder; puesto que, a pesar de los recursos que invierte el estado en la investigación no se logra el cometido en los delitos cuya materialidad y responsabilidad es evidente, lo que tiene como resultado que el mensaje de la prevención general de la pena no se cumple. A parte de los problemas ya mencionados, también se debe añadir que, aun hallando un culpable, existen varios beneficios penitenciarios o incluso acciones constitucionales a través de las cuales buscan evitar el cumplimiento íntegro de su pena logrando de esta manera salir anticipadamente y disfrutar de los réditos alcanzados con la infracción penal. Además, se debe agregar que la débil institucionalidad del Estado y la injerencia de influencias externas al juicio, dificultan más la tarea de demostrar la culpabilidad de los procesados en general y más aún en delitos de poder, ya que, ante la mínima duda razonable generada, el juzgador debe declarar la inocencia, agregándole incluso mayor dificultad pues en todos estos procesos el juzgador debe velar por el cumplimiento de todas las garantías del debido proceso. Con esta investigación buscamos analizar cómo se configura la condena más allá de toda duda razonable, destruyéndose la presunción de inocencia, principio constitucional que reviste a todos los ciudadanos ecuatorianos y cuál es el estándar probatorio que rige al ordenamiento ecuatoriano, así como realizar la propuesta de un nuevo estándar en el juzgamiento de delitos de poder.