La acción de repetición en el ámbito constitucional: Procedimiento e impedimentos normativos para su efectividad

Abstract

La acción de repetición AR1 constituye una obligación estatal y un mecanismo jurídico constitucional creado para sancionar al servidor público que, en ejercicio de su cargo, por su acción u omisión vulneró derechos constitucionales2 , que trajo consigo un daño grave a su titular, acto a consecuencia del cual se produjo la indemnización reparatoria a cargo del Estado Zavala Egas, 2012. De ahí que, esta acción permite la recuperación del dinero pagado por la responsabilidad patrimonial del Estado a las víctimas de violaciones de derechos constitucionales. Esta indemnización debe estar dispuesta, de forma expresa, en decisiones dictadas dentro de garantías jurisdiccionales o en decisiones de organismos internacionales de protección de derechos. El derecho que se hace justiciable a través de la AR es el de repetición contenido en el art. 11.9 de la Constitución de la República del Ecuador CRE, cuya norma ordena que; El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Asimismo, las normas consagradas en los arts. 233 inciso 1, 290.5, 397 ibidem, hacen referencia al derecho de repetición y a la AR como mecanismo para garantizarlo. Sin embargo, en la práctica judicial se advierte que la AR, en el diseño normativo actual, no es efectiva para reembolsar el dinero erogado por el Estado por concepto de indemnización por reparación económica. Justamente, en este trabajo la posición que adoptará la autora es afianzar esta afirmación mediante el análisis de jurisprudencia dictada en casos de AR. Para ello, se planteará la pregunta; existen impedimentos de naturaleza normativa que afectan la efectividad del procedimiento de la AR Cabe precisar que hay varios cuerpos legales que contienen normas que regulan el ejercicio del derecho de repetición, contra servidores públicos y contra administradores de justicia como consecuencia sus actuaciones u omisiones. Dichas normas forman parte de los arts. 71, 72, 328 del Código Orgánico General de Procesos, 32, 33 del Código Orgánico de la Función Judicial, 333, 344 del Código Orgánico Administrativo, 46 de la Ley Orgánica de Servicio Público, y, 257 del Código Orgánico Integral Penal. Por tal razón, conviene puntualizar que este trabajo será desarrollado principalmente, en función de normas y casos provenientes de vulneraciones a derechos constitucionales. La investigación casuística permitirá verificar que el procedimiento de la AR en el Ecuador presenta diversas problemáticas entre las que se mencionan; la dificultad para determinar a los legitimados pasivos, el tiempo previsto para que opere su prescripción, el desinterés de las máximas autoridades en el patrocinio de una AR. Aquellas problemáticas conllevan a la inefectividad de la acción de repetición, lo cual ocasiona un grave perjuicio a los ciudadanos ecuatorianos, que se traduce en pérdida de tiempo y recursos para el Estado. Conviene subrayar que, en su mayoría, las AR son rechazadas debido a la falta de determinación del grado de responsabilidad de los presuntos servidores públicos que vulneraron derechos y ocasionaron un daño a las personas, en el desempeño de sus cargos.