Actos de corrupción de la persona jurídica, frente al principio de mínima intervención penal

Abstract

La globalización de las relaciones comerciales ha generado procesos en los cuales se hace necesario estar atentos a los casos de corrupción. Soto, 2003. El soborno a funcionarios, así como los actos de corrupción de la Persona Jurídica, es la nueva forma de criminalidad a la que se expone una empresa, siendo objeto de enjuiciamiento en diversos países Banco Mundial, 1997. Ecuador, ha desarrollado una normativa con alcance territorial que permite emprender acciones en contra de las empresas que se involucran en actos delictivos de la figura de corrupción tipificada en la ley penal. De ahí surge la importancia de la temática planteada, considerando que en Ecuador la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en adelante RPJ. acontece mediante un proceso de enjuiciamiento penal que determina una condena o sanción autónoma, separando la persona física o natural de la jurídica y vinculadas. En el ordenamiento jurídico existe diversidad de regímenes y regulaciones al amparo del principio de territorialidad, que deben enfrentar diversos procesos penales por los hechos sometidos a enjuiciamiento. La normativa ecuatoriana, manifiesta que las personas jurídicas nacionales, se someten bajo ciertos supuestos y condiciones a diferentes investigaciones en los distintos regímenes jurídicos, como antecedentes que permiten determinar las responsabilidades. Con lo expuesto en líneas anteriores, se identifica el siguiente problema jurídico que mediante el desarrollo de la presente investigación se pretende despejar; la responsabilidad de una Persona Jurídica en adelante PJ. por el delito de corrupción en transacciones comerciales. fecta al principio de mínima intervención penal, para ello, se ha planteado como objetivo general, analizar según el principio de intervención mínima, el derecho penal como es el de última ratium de la política social del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho penal en la vida debe reducirse a lo mínimo posible y castigar solo los delitos más graves Felipe, 2022. De igual manera, se considera como objetivo general; Analizar el derecho penal como última ratium de la política social del Estado, bajo el principio de intervención mínima, para los casos de corrupción de la PJ. En segunda instancia, es oportuno determinar si la autorregulación interna, resulta la vía idónea para que la política pública pueda servirse de ella y realizar un mejor control en la actuación de las PJ.; ya que al contar con este control de tipo indirecto que se materializa desde el interior de la empresa, sus miembros están alerta y conocen determinadas normas de conducta no permitidas, produciendo efectos positivos que pueden evitar gestiones que conlleven al delito de corrupción Buitrago, 2012. Seguidamente se analiza si el marco normativo existente para prevenir los delitos económicos resulta positivo o causa incidencia en las personas jurídicas, limitando su derecho a la libertad de empresa y con ello cumplir con su función social en el contexto del desarrollo social. La metodología científica aplicada en el ensayo es cualitativa, la información bibliográfica con fuentes secundarias, se ocupa la jurisprudencia nacional e internacional, incluyendo la legislación comparada de Europa, Estados Unidos, Colombia y Perú. Es menester resaltar que dentro del segundo apartado del presente trabajo de investigación, se abordaron tres temáticas principales que versan en primera instancia sobre la naturaleza de la responsabilidad penal de las PJ., en Segundo lugar, la corrupción en las PJ., y la respuesta normativa ante este fenómeno y finalmente se analiza el principio de mínima intervención penal, todo ello con el fin de establecer un análisis e interpretación de la información obtenida llegando a la generación de conclusiones sobre el problema jurídico planteado.