Inmunidad temporal de los políticos en el Ecuador

Abstract

El interés en este tema surge de la necesidad de analizar el artículo 108, inciso tercero, del Código de la Democracia, que establece de manera clara la situación de los candidatos a autoridades de elección popular. Este artículo otorga una inmunidad temporal a dichos candidatos, protegiéndolos de ser detenidos o procesados penalmente, salvo algunas excepciones. Sin embargo, tanto el Código de la Democracia como otras normas electorales no abordan la posibilidad ni la obligación de suspender los procesos penales, y no se ha conferido a los jueces la facultad de hacerlo. Contrariamente a esta ausencia de disposiciones legales, algunas personas, en medio de un proceso penal formal, optan por postularse como candidatos a cargos de elección popular. Argumentan que esta decisión respeta la violación de los derechos de participación consagrados en el artículo 61 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a elegir y ser elegidos. Se sostiene que continuar con la instrucción fiscal, a pesar de que la candidatura haya surgido en medio de un proceso penal, protege estos derechos. Este estudio se vuelve esencial para determinar si estas candidaturas pueden contribuir a la impunidad, especialmente entre las autoridades de elección popular, y su conexión directa con la gestión irregular y arbitraria de los fondos públicos. El trabajo se inicia con un análisis de las responsabilidades de los funcionarios públicos, sus diferentes categorías, y el papel crucial desempeñado por la Contraloría, Fiscalía y Jueces en relación con el ejercicio de los derechos políticos y de participación en procesos electorales. Se llevará a cabo un análisis detallado de la suspensión de los procesos penales en diversas etapas del procedimiento legal, evaluando si esto facilita que delitos graves contra la eficiencia de la administración pública y otros queden impunes debido a este privilegio conocido como impunidad temporal. Finalmente, se construirán argumentos jurídicos sólidos y técnicos con el objetivo de contribuir al ámbito académico y enriquecer el debate. Estos argumentos pretenden proponer cambios profundos y transformadores que eviten interferencias entre la función judicial y la electoral, buscando un equilibrio que fortalezca el sistema legal y político.