Abad Izurieta Christian Martín El Compliance como mero atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Abstract

Sociedad delinquere non potest, el principio que establece que la persona jurídica no puede delinquir ha perdido terreno de manera exponencial en el plano jurídico global y Ecuador no es la excepción. Evidencia de esto es que, en el año 2014, con la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal, se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Posteriormente, en el año 2021 mediante la reforma del COIP en materia de anticorrupción se realizó la introducción del concepto del compliance a la normativa penal ecuatoriana y el concepto de programas de prevención de delitos en el ámbito empresarial. En la actualidad, la inclusión de estos programas ofrece un beneficio muy limitado a las personas jurídicas en Ecuador, ya que únicamente atenúan su eventual responsabilidad penal. Este hecho no es menor puesto que en distintos ordenamientos jurídicos de otros países el compliance exime a la persona jurídica de una eventual responsabilidad penal. Ejemplos de esto son el ordenamiento jurídico Español, que exime a las personas jurídicas de su responsabilidad penal en caso de que estas puedan demostrar la incorporación efectiva de programas de compliance antes que el delito haya ocurrido. Así como Perú, otro país de la región que ha adoptado al compliance como eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica siempre que la incorporación de este se alinee con los requisitos y condiciones establecidos en la ley. De la diferencia normativa entre Ecuador y otros países nace la necesidad de analizar de manera crítica las diferencias que existen entre adoptar el compliance como atenuante o como eximente y sus posibles efectos prácticos en la sociedad. Uno de estos efectos prácticos es la prevención de delitos, ya que el compliance constituye una herramienta muy poderosa a la hora de prevenir actos ilícitos que se originan en estructuras de poder como es el caso de empresas privadas. En la actualidad, el Ecuador y el mundo constantemente se enfrentan a delitos complejos de carácter económico en los que se encuentran involucrados desde altos directivos de una empresa hasta empleados de primer nivel. En ciertos casos estas estructuras empresariales pueden llegar a tener incluso más poder que el propio Estado. Es por esto que es de vital importancia analizar si el compliance como mero atenuante logra su objetivo esencial: prevenir delitos. Sin embargo, lo más importante es que la naturaleza atenuante del compliance puede atentar contra los principios rectores del derecho penal, los cuales deben ser respetados y acatados por toda norma aprobada por el legislador. Sobre todo, el principio de mínima intervención del derecho penal y el de última ratio. El compliance como mero atenuante corta toda posibilidad de que las personas jurídicas sean eximidas de su responsabilidad penal y por ende siempre serán penalmente sancionadas. Lo cual podría significar una directa contravención a los principios rectores del derecho penal antes mencionados. En virtud de lo antes señalado, el objetivo del presente trabajo es determinar si el compliance como mero atenuante es eficaz para prevenir delitos complejos, y si dicha naturaleza jurídica contraviene lo establecido por los principios rectores del derecho penal.