Propuesta de reforma a las causas de nulidad de los laudos arbitrales establecidas en el artículo 31 de la ley de arbitraje y mediación ecuatoriana

Abstract

El Estado ecuatoriano ha evidenciado la necesidad de regular sistemas ágiles y alternativos de solución de conflictos para que coexistan y descongestionen la justicia ordinaria, por tal ha incluido en el ordenamiento jurídico leyes y reglamentos que norman la institución arbitral como proceso, el cual ha logrado desplazar la justicia común, catalogándola a esta como o "alternativa", a causa de su eficiencia en la resolución de conflictos. El conflicto arbitral es sometido a particulares denominados árbitros, quienes actúan y resuelven el litigio en el margen del consentimiento de las partes expresado en el convenio, sin embargo el laudo arbitral emitido, al igual que el arbitraje, no tienen una naturaleza jurídica unánime y definida por los tratadistas y la doctrina en general, es por ello que se ha podido determinar que el sistema jurídico en que se desarrolla la institución del arbitraje define el alcance y la naturaleza jurídica del laudo. En este sentido, si bien el fallo arbitral emitido, constituye la decisión definitiva del conflicto, la Ley de Arbitraje y Mediación Ecuatoriana (en adelante LAM) establece que el único mecanismo de impugnación de dicha resolución definitiva, es la acción de nulidad del laudo arbitral, la cual únicamente procede por las causas de nulidad taxativamente descritas en la norma. Sin embargo, los motivos por el cual el accionante puede solicitar la nulidad del fallo, no logran tutelar de manera cabal las necesidades jurídicas que se pueden presentar en el proceso arbitral, es por ello que las causas de nulidad de los laudos arbitrales propuestas¸ pretenden hacer de la acción de nulidad una institución que a más de suspender los efectos jurídicos de la ejecución del laudo, otorguen al órgano jurisdiccional común, la facultad de controlar "a posteriori" la actuación de los árbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa, permitiendo así un desembarco jurisdiccional en el Estado con su poder jurisdiccional, no se desentienda del arbitraje, pues necesita ser vigilado por la flexibilidad de la jurisdicción arbitral con relación a las garantías exigibles en el resto de procesos civiles.