Análisis jurídico de la responsabilidad civil en los casos de contaminación ambiental contemplada dentro de la constitución de la República del Ecuador y la ley de gestión ambiental

Abstract

La Constitución ecuatoriana en su artículo 396 expresa que la "responsabilidad por daños ambientales es objetiva", es decir se presume la culpabilidad del demandado, pues la demostración de la responsabilidad se centra en el perjuicio ocasionado o en la producción de un riesgo que causa un daño no sólo al individuo afectado sino a toda la sociedad. Al ser la responsabilidad civil objetiva, la inversión de la carga de la prueba recae sobre el demandado, puesto que quien crea un riesgo o el que con su actividad cause un daño debe responder por él, y está obligado a demostrar que operó con la suficiente diligencia, sin que esto signifique que queda exento del pago para la reparación ambiental. Otro aspecto es el relativo a la competencia, en el artículo 42de la Ley de Gestión Ambiental se asigna al Presidente de la Corte Provincial del lugar donde se produjeron los daños, es decir se puede llegar a concluir que únicamente las acciones ambientales tienen este fuero especial, lo cual se corrobora con el artículo 43 del mismo cuerpo legal, el cual se encuentra en el capítulo II del Título VI que se denomina, "acciones civiles", este artículo utiliza únicamente la frase "juez competente", esto genera dudas puesto que no se sabe si las dos acciones, tanto la ambiental como la civil, deben ser conocidas por el Presidente de la Corte Provincial o por el Juez de los Civil. La legislación ambiental es preventiva y reparadora, mientras que la legislación civil es puramente indemnizatoria; primero se debe declarar el daño (declaración del derecho) para luego indemnizarlo, y el juez competente en primera instancia es el Juez de lo Civil más no el Presidente de la Corte Provincial. En conclusión, el fraccionamiento de las responsabilidades institucionales y la falta de coordinación al momento de legislar, son las principales razones por las cuales se ha producido un marco regulatorio confuso. La legislación ecuatoriana ha dado pasos agigantados en materia ambiental, sin embargo, el actual marco regulatorio no se encuentra delimitado adecuadamente, es muy general lo cual genera una errónea interpretación de la norma.