La adopción y aplicación del garantismo penal reconocido en los arts. 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador

Abstract

En un Estado de Derechos y Justicia como el que vive el Ecuador, donde de acuerdo a los lineamientos del neoconstitucionalismo los Derechos Fundamentales son fin para los Estados, y los Derechos Fundamentales someten a todos los poderes del Estado a su cumplimiento; además de respeto, el debido proceso adquiere vital importancia. El debido proceso, como un conjunto de derechos y garantías que limitan el accionar del Estado, que exigen el respeto a la dignidad humana a través de procedimientos justos, se convierte en un pilar fundamental para la concepción de un Estado garantista. Dentro del debido proceso se encuentra el principio de inocencia como una garantía fundamental para poder asegurar los demás derechos que componen este conjunto de garantías, ya que si se viola una garantía del debido proceso no se está respetando el estado de inocencia del afectado. Sin embargo, como toda garantía tiene sus excepciones, de aquí nace el conflicto específico que se desarrollará en el presente trabajo, reflejando como la aplicación del principio de inocencia no se cumple a cabalidad, pero también, como otra figura jurídica como son las medidas alternativas a la prisión preventiva, limitan, se contraponen y crean un conflicto en el respeto del principio de inocencia. La sola aplicación de una medida alternativa a la prisión preventiva ya genera un conflicto, más aún cuando se contrapone con la condición de inocente garantizada por la Constitución. Por más que la Constitución, y la Ley determinen los presupuestos para aplicar ambas figuras jurídicas, las faltas de acatamiento a estos preceptos normativos han generado la vulneración del derecho de los ciudadanos a ser tratados como inocentes.