El derecho de la libre competencia en el nuevo marco constitucional del Ecuador

Abstract

El Derecho encuentra su cúspide en el Derecho Constitucional. El Ecuador ha sufrido un proceso de tres años para adaptarse a un nuevo marco constitucional que se ha originado de una ideología bastante disímil a la prevalente durante las primeras décadas desde el retorno de la democracia. La nueva Constitución del Ecuador incluye entre sus disposiciones, varias referentes al Derecho de Libre Competencia. Establece como principio el rechazo a monopolios y oligopolios privados. También incluye disposiciones referentes al manejo de la economía, al intervencionismo estatal en la misma, a las facultades del Gobierno a regular y participar activamente en los mercados. El Derecho de Libre Competencia se plantea doctrinariamente como una rama de origen liberal. Su objetivo final es lograr que los mercados fructifiquen. Que se eliminen las posibles barreras que impidan a los actores económicos desarrollar sus actividades económicas. Para esto ha definido qué prácticas son deseables y cuáles son por el contrario potencialmente lesivas a la competencia. Nuestro país está también regulado por el derecho comunitario andino. Dentro de estas normas de carácter supranacional existen dos Decisiones específicas en materia de competencia. Considerando la naturaleza internacional de las relaciones comerciales, la legislación de competencia de la Comunidad Andina y de nuestros países vecinos será relevante para la creación y aplicación de nuestro propio derecho de la competencia. Entre los desafíos prácticos que encontramos en el Ecuador para la aplicación de una ley de competencia, fundamentalmente debemos mencionar el tamaño del Estado en la economía. Los niveles de concentración en el mercado privado, sin duda son también un factor resaltable, así como la política exterior, y la visión política general que se impone en la actualidad. El Derecho de Libre Competencia podrá ser aplicado en nuestro país de manera aún incierta. Bien podrá ceñirse a los mandatos constitucionales que buscan la equidad, el comercio justo y el interés público. O bien podrá configurarse para servir a su propósito histórico, lograr la transparencia y eficiencia de los mercados, para buscar el desarrollo vía la iniciativa privada.