La garantía del derecho a la confrontación en audiencias telemáticas: retos y perspectivas

Abstract

El trabajo investigativo se centra en el Derecho a la Confrontación teniendo como base la presencialidad de las audiencias juicios cara a cara, explorando su aplicación en el contexto de los crímenes transnacionales y su adaptación a entornos virtuales emergentes. La investigación examina cómo este derecho fundamental se enfrenta a nuevos desafíos y oportunidades en audiencias telemáticas, particularmente dentro del sistema judicial ecuatoriano. La criminalidad transnacional representa una amenaza global significativa, caracterizada por su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los avances tecnológicos. Esta dinámica se intensificó durante la pandemia, con un aumento notorio de delitos cibernéticos y la presencia extendida de la delincuencia organizada en varias provincias ecuatorianas. La transición hacia audiencias telemáticas, impulsada por la necesidad de mantener la administración de justicia en tiempos adversos, ha generado cambios profundos en la práctica judicial. Si bien estas tecnologías han facilitado ciertos aspectos del proceso judicial, también plantean desafíos críticos para la efectividad del derecho a la confrontación. La identificación y localización de perpetradores y testigos, esenciales para el debido proceso, se ven afectadas por las limitaciones inherentes a los entornos virtuales. El estudio subraya que el derecho a la confrontación no solo es un requisito legal fundamental para asegurar juicios justos y transparentes, sino también un baluarte contra posibles abusos y errores judiciales. Sin embargo, la virtualidad introduce complejidades adicionales que podrían comprometer su plena aplicación. Estas tensiones entre la necesidad de adaptarse a la tecnología y la protección de derechos individuales plantean interrogantes sobre la viabilidad de mantener la esencia del debido proceso en un entorno digital en constante cambio. Para abordar estos desafíos, se propone un enfoque multidisciplinario que combine elementos del derecho, la tecnología y la sociología jurídica. Este enfoque busca desarrollar soluciones prácticas y estratégicas que equilibren la innovación tecnológica con la protección de garantías fundamentales, promoviendo así una justicia efectiva y equitativa en los entornos judiciales del siglo XXI.