La valoración racional de la prueba en el delito de peculado en el Ecuador

Abstract

Al ciudadano común que mira y escucha los programas de los medios de comunicación; que revisa las redes sociales y comenta acerca de los procesos judiciales, le resulta poco factible verse sentado en un banquillo, presenciando las alegaciones de los abogados, bajo la dirección de un juez, jugándose la posibilidad de perder su libertad. Pero, en medio de la sociedad de riesgo en la que nos desenvolvemos, nadie puede descartar estar inmerso en una situación de estas. Allí estriba la importancia de las garantías constitucionales, que operan como un muro de contención del poder punitivo del Estado. La letra de la Constitución se hace efectiva a través de las leyes promulgadas por el legislador y es puesta en práctica ante un órgano jurisdiccional. En el proceso la fase neurálgica es el juicio; y, dentro de éste, la práctica de la prueba. En el sistema penal ecuatoriano, las partes tienen libertad probatoria. El juez, garantista de los derechos, en la audiencia de juzgamiento, dirige el debate y una vez precluidas las intervenciones, delibera y resuelve. En la valoración de la prueba está dotado de un inmenso poder. Podría resolver según sus corazonadas, intuiciones o prejuicios; o, conforme lo que se ha probado. El primer caso en el sistema procesal acusatorio está vedado, puesto que al emitir la sentencia tiene que motivar la decisión y solo lo puede hacer de aquello que puede explicarlo. Sin embargo, este es un ejercicio posterior. El momento crucial de la decisión sucede cuando el juez valora la prueba y da por acreditada una hipótesis según el grado de solidez de la inferencia probatoria. Ese es el punto de quiebre de la decisión y a ese proceso es que se añora darle tintes de racionalidad y alejarlo del subjetivismo.