Más allá de la cárcel y la recuperación de activos: un estudio del paradigma de la justicia restaurativa en los delitos de corrupción

Abstract

La corrupción tiene una incidencia transversal en todos los ámbitos de la sociedad, y es sustancial combatirla. En el Ecuador las cifras de la corrupción son abrumadoras, más de 70.000 millones de dólares se calcula se han perdido de las arcas fiscales debido a sobreprecios en el periodo de 2007 al 2017, lo cual debe llevarnos a cuestionarnos si el sistema penal está funcionando frente a este flagelo que es la corrupción, si la imposición de penas a los responsables de estas infracciones a resultado efectiva para reducir su comisión. Los daños que generan los delitos de corrupción al desarrollo de los pueblos son significativos, son menos escuelas, menos hospitales, menos oportunidades laborales, más pobreza, más marginación, más violencia, y si, más delincuencia. Es una realidad en Ecuador, que pese a la existencia de decenas de sentencias en casos de delitos de corrupción en los que se ha ordenado la restitución al Estado de millones de dólares por parte de los sentenciados, tal restitución no se ha logrado efectivizar, pese a los esfuerzos por dar con los valores y bienes que los condenados han logrado esconder muy bien de la vista fiscal, policial y judicial. La imposición de sanciones a los responsables de delitos de corrupción no habría provocado el efecto de prevención especial y general, pues no ha incidido en la reducción de escándalos y procesos penales por este tipo de delitos, pudiendo concluirse que el derecho penal formal, para este tipo de criminalidad ha fracasado. Además, tenemos otra realidad innegable, que es el fracaso de la privación de libertad como sanción que rehabilita y resocializa a la persona privada de la libertad, aplicable a todo tipo de delito, siendo más bien nuestras cárceles centros de claustro para neutralizar delincuentes, donde no podemos garantizar la vida de los privados de la libertad, y peor aún garantizar que el encarcelamiento resulte en un proceso de rehabilitación y reinserción social, como promulga nuestra Constitución. Frente a esta conflictiva situación, la postura del derecho penal resulta incompleta, si la analizamos desde el fin de su existencia y fin de la pena. La respuesta entonces, puede ser dejar de lado la necesidad de la privación de libertad de los procesados como única solución a la criminalidad, aún de la criminalidad compleja en casos de delitos de corrupción, poniendo de relieve un nuevo enfoque, el de la justicia restaurativa.