El límite a la acción de extinción de dominio: análisis de la prejudicialidad penal

Abstract

El presente ensayo académico estudia la vigencia de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio en Ecuador en adelante, LOED, misma que versa sobre la investigación patrimonial de bienes u activos, cuyo origen proviene de actividad ilícita o no justificado, o que tienen un fin ilícito. Esta institución jurídica procede, previa declaratoria de una sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de personas, trata, extorsión, usura y demás delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada. En tal virtud, para que la acción de extinción de dominio opere, la Fiscalía como titular de la acción penal de conformidad a la ley, previo a iniciar cualquier investigación patrimonial, debe verificar el cumplimiento de la existencia de la sentencia condenatoria con razón de ejecutoría, de ese modo, se demuestra claramente, la existencia de prejudicialidad penal sobre una acción de carácter patrimonial, limitándose el campo de acción para perseguir los bienes, inclusive de otros delitos. Cabe señalar que la extinción de dominio se enmarca en varios principios con base constitucional, la ley y el debido proceso, por lo tanto, no existe una afectación al derecho de la propiedad lícita; pues esta afecta legalmente a aquellos bienes en los que se demuestre nexo causal con actividades ilícitas, o que tengan un fin ilícito, siendo así una acción netamente patrimonial que recae sobre bienes y no sobre personas. Cabe resaltar que, la publicación de la LOED es un gran logro en el ámbito jurídico, al ser normativa que permite investigar y afectar el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales que, han obtenido a través del cometimiento de los delitos descritos en la LOED; por otro lado, esta acción pierde su amplitud de acción, cuando para su procedencia se requiere de un parámetro previo, como es la existencia de sentencia condenatoria ejecutoriada, requisito anterior que, restringe iniciar mayor cantidad de investigaciones patrimoniales. Este estudio es de alta importancia y utilidad toda vez que, al ser una materia nueva no existe mayor información bibliográfica por lo que, constituirá un aporte valioso para ir sentando bases doctrinarias en nuestra legislación con observancia en los estamentos internacionales, la Constitución, la LOED y, la aplicación de derecho comparado con otras legislaciones con amplia experiencia en materia de extinción de dominio. Por lo cual, el aporte bibliográfico es en beneficio de estudiantes de derecho, operadores del sistema jurídico y la ciudadanía en general. Se pretende demostrar que la prejudicialidad establecida en el artículo 7 literal a, de la LOED constituye una limitante para perseguir mayor cantidad de bienes de actividad o fin ilícito, incidiendo, en la afectación del patrimonio de las estructuras delincuenciales. Así también, se anhela establecer parámetros de viabilidad, para que esta institución jurídica en su aplicación sea eficaz, eficiente, operativa y que permita un mayor ámbito de acción, tanto en la apertura de investigaciones patrimoniales, y fase judicial que, siguiendo el debido proceso se obtenga sentencias que extingan el dominio de bienes de actividad ilícita, o fin ilícito y que pasen a titularidad del Estado sin ninguna contraprestación. La metodología utilizada en el presente documento es cualitativa, ya que se aplican técnicas flexibles en la recolección de información bibliográfica, doctrinaria y jurisprudencial de legislación interna e internacional, con alcance descriptivo y analítico transversal. El desarrollo de este trabajo se encuentra compuesto por cuatro secciones que secuencialmente explican el tema abordado; así, en primer lugar, sobre los antecedentes y las bases de la extinción de dominio, con fundamento en normativa nacional e internacional. La segunda sección refiere sobre la implementación de la acción de extinción de dominio en Ecuador, hasta arribar en la LOED, con enfoque principal en el artículo 7 literal a, encaminado a detallar la prejudicialidad de la acción por la necesidad de una sentencia condenatoria previa, en materia penal por un determinado grupo de delitos. La tercera sección analizará las experiencias de la acción en otras legislaciones de Latinoamérica, como, por ejemplo, la colombiana y mexicana; a fin de apreciar cómo estos países conciben a dicha acción, y, verificar si existe o no exigencia de sentencia condenatoria previa; para así, hacer una comparación con nuestra normativa, llegando a establecer fortalezas y debilidades en la normativa ecuatoriana vigente. En la cuarta sección, se evidencia como limitante para la investigación y operatividad de la acción, la existencia de la prejudicialidad para la procedencia de la extinción de dominio; en tal virtud, se establecerá una propuesta de norma sin el requisito de procedibilidad, es decir, sin que se requiera previamente, una sentencia condenatoria ejecutoriada, mediante la motivación que permita su viabilidad. El estudio finalmente contendrá las conclusiones que determinan los fundamentos por los cuales, el parámetro de prejudicialidad limita el ámbito de acción de la extinción de dominio; y, demostrará la procedencia y beneficio al sistema jurídico, al Estado y ciudadanía en general de esta acción sin requisito previo.