Improcedencia de la acción de protección para el amparo de los derechos laborales de los servidores públicos

Abstract

El presente ensayo académico trata sobre la acción de protección y sus límites para proteger los derechos laborales de servidores públicos. A través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José se establece como protección judicial que todas las personas tienen derecho a acceder a un recurso sencillo, rápido y efectivo que ampare o proteja sus derechos fundamentales de violaciones. La acción de protección se introdujo como una garantía jurisdiccional en la Constitución del año 2008, en la ciudad de Montecristi, con la finalidad de garantizar el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionalmente establecidos. La acción de protección fue creada para ser una garantía que sea de un sencillo, eficaz y rápido procedimiento. El artículo 88 de la Constitución del Ecuador establece el objeto de esta garantía jurisdiccional, la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución CRE. En el año 2009, con el fin de establecer los parámetros y regulaciones de las garantías jurisdiccionales, se creó la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Capítulo III, aborda todos los aspectos concernientes la acción de protección, tales como su objeto, requisitos, procedencia e improcedencia de la misma. En la práctica jurídica actual, en particular, en lo que respecta a las instituciones públicas, se plantean acciones de protección por actos administrativos que no cumplen con el requisito principal para la procedencia de la garantía jurisdiccional, esto es, que vulneren derechos constitucionales, sino que versan sobre asuntos de mera legalidad. Existen jueces constitucionales que fallan a favor de acciones de protección interpuestas para amparar derechos laborales de servidores públicos. De acuerdo a lo que manifiesta la Corte Constitucional, un acto administrativo debe ser impugnado en la jurisdicción contencioso administrativa, y al ser el despido de un servidor público un acto administrativo por ser emanado por la administración pública, debe ser interpuesto en la vía correspondiente. La posición personal sobre el problema planteado dentro del presente ensayo académico es que la acción de protección no procede para proteger derechos laborales de servidores públicos. Al admitir a trámite una acción de protección para reclamar derechos ajenos a los constitucionales, se estaría produciendo una desvirtuación de la garantía jurisdiccional. La vía judicial idónea y eficaz para reclamar o impugnar actos que no vulneran derechos constitucionales, es decir, que sean de mera legalidad, es la justicia ordinaria. Con esto cabe preguntar, es procedente interponer la acción de protección para el amparo de derechos laborales de servidores públicos. El ensayo académico tiene como objetivo general; determinar la improcedencia de la acción de protección al amparo de los derechos laborales de los servidores públicos. Con respecto al objetivo general, cabe plantearse los siguientes objetivos específicos; Señalar los requisitos para interponer una acción de protección, demostrar a través de jurisprudencia que la acción de protección no es la vía idónea para garantizar el amparo de derechos laborales de servidores públicos, y establecer la postura de la Corte Constitucional respecto a la interposición de la acción de protección en conflictos laborales respecto de actos administrativos. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera; 1 Se expone el objeto de la acción de protección, requisitos, y los principales aspectos de la garantía jurisdiccional; 2 Se plantean aspectos relevantes a destacar de la garantía en las cuales se deje en evidencia que la acción de protección no es la vía adecuada ni eficaz para proteger derechos laborales de servidores públicos, ya que existe la vía correspondiente, y es la justicia ordinaria.