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Tipo de material : bachelorThesis
Título : Procedencia del pago de 18 meses de la mejor remuneración por despido injustificado de un trabajador con discapacidad en el sector privado
Autor : Guerrón Gallardo, Ana Belén
Tutor : Lievain, Jean Christophe
Palabras clave : DERECHO LABORAL;CONTRATO DE TRABAJO;EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO;DESPIDO SIN CAUSA
Fecha de publicación : 2020
Editorial : Quito: Universidad de las Américas, 2020
Citación : Guerrón, A. (2020). Procedencia del pago de 18 meses de la mejor remuneración por despido injustificado de un trabajador con discapacidad en el sector privado (Tesis de pregrado). Universidad de las Américas, Quito.
Resumen : Bajo la normativa laboral ecuatoriana, los trabajadores gozan de derechos adquiridos gracias a las luchas sociales atravesadas durante largos años. Es así como la ley prevé indemnizaciones en caso de producirse despidos unilaterales por parte de los empleadores. La normativa especializada resguarda derechos complementarios, basándose en la condición de vulnerabilidad del trabajador. Las personas con discapacidad no son la excepción a esta garantía de derechos específicos. En este caso, la Constitución ecuatoriana impone obligaciones tanto para el Estado como para el empleador, buscando lograr el desarrollo íntegro de estas personas. La normativa infra legal desarrolla los mecanismos para acceder a beneficios de ley para los grupos de atención prioritaria; sin embargo, debido a la sobrerregulación de derechos de las personas con discapacidad, hoy existe un vacío legal. En este escenario, los diferentes acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos han planteado como requisito indispensable, tener el 30% o más de discapacidad para acceder al carnet pertinente. Esta disposición da paso a cuestionar si este requisito es constitutivo o declarativo de derechos, específicamente en los casos de despido intempestivo de personas con discapacidad, y en el acceso a beneficios adicionales regulados en el Código de Trabajo. Finalmente, el análisis jurisprudencial realizado en estos casos incrementa la complejidad de la materia. Por un lado, la Corte Nacional de Justicia, en sus dictámenes, ha privilegiado el derecho a la seguridad jurídica, afirmando que los derechos específicos de las personas con discapacidad se obtienen con la certificación por parte del órgano encargado. Por otro lado, la Corte Constitucional asevera que este requisito es una mera formalidad, y que atenta contra los beneficios del trabajador consagrados en el Código de Trabajo. Es así como, el presente trabajo académico buscará brindar pautas para dilucidar esta ambigüedad.
Descripción : Under Ecuadorian labor regulations, workers enjoy rights acquired thanks to the social struggles they have experienced over long years. This is how the law provides compensation in the event of unilateral dismissals by employers. The specialized regulations safeguard complementary rights, based on the worker's condition of vulnerability. People with disabilities are no exception to this guarantee of specific rights. In this case, the Ecuadorian Constitution imposes obligations on both the State and the employer, seeking to achieve the full development of these people. The infra-legal regulations develop the mechanisms to access legal benefits for priority care groups; However, due to the over-regulation of the rights of people with disabilities, today there is a legal vacuum. In this scenario, the different ministerial agreements and executive decrees have established as an essential requirement, having 30% or more disability to access the relevant card. This provision gives rise to questioning whether this requirement is constitutive or declarative of rights, specifically in cases of untimely dismissal of people with disabilities, and in access to additional benefits regulated in the Labor Code. Finally, the jurisprudential analysis carried out in these cases increases the complexity of the matter. On the one hand, the National Court of Justice, in its opinions, has privileged the right to legal certainty, affirming that the specific rights of people with disabilities are obtained with the certification by the body in charge. On the other hand, the Constitutional Court asserts that this requirement is a mere formality, and that it violates the worker's benefits enshrined in the Labor Code. Thus, the present academic work will seek to provide guidelines to clarify this ambiguity.
URI : http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/13077
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