La violación al debido proceso en la detención o aprehensión realizada por particulares a un sospechoso de un delito de acción pública

Abstract

La humanidad, a lo largo de su historia ha procurado proteger su derecho de ser libre, sin embargo ha sido necesario para la formación de las sociedades renunciar a la libertad absoluta, imponiéndole límites mediante la ley y dar paso a la libertad relativa pero igualitaria. Es por ello que estos derechos fundamentales se han recogido en las principales normas del mundo, en nuestro caso, al ser un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se encuentran garantizados en la Constitución. Para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales dentro de los procesos judiciales, ha sido indispensable la instauración del Debido Proceso, el mismo que es una serie de derechos y garantías que protegen a todas las partes procesales y el correcto desenvolvimiento del proceso. En la detención ciudadana en delito flagrante hemos encontrado gravísimas violaciones al Debido Proceso, tanto a los derechos de información que son parte fundamental del Principio de Defensa, para lo cual, hacemos referencia a la Ley Miranda de los Estados Unidos de América, con lo que explicamos la importancia que tienen estos derechos en las legislaciones respetuosas del Debido Proceso Penal; así como violaciones a la integridad física y psíquica de los sospechosos, mediante golpes, torturas y un sinfín de injurias, lo cual consideramos una inobservancia al principio de non bis in idem, al juez competente y a la pena lícita, ya que son penas ilegales, impuestas por jueces incompetentes, lo cual lo consideramos como una pena natural. Es por las múltiples violaciones al Debido Proceso que sugerimos como solución al problema la declaración de inconstitucionalidad de la norma que faculta a los particulares como agentes de detención, para que con ello sea la Asamblea Nacional quien emita una ley que responda a nuestra realidad nacional y no genere esta inobservancia a los derechos y garantías de las partes en un proceso judicial.