La consulta previa a los pueblos indígenas: análisis sobre su alcance y aplicabilidad en el Ecuador

Abstract

Los derechos de las comunidades indígenas en el ámbito nacional e internacional han evolucionado gracias al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este contexto, la Consulta previa, libre e informada, ha tomado un papel de suma importancia para las comunidades indígenas en toda Latino América y en especial Ecuador, Perú y Brasil. A partir del estudio de la doctrina, el análisis de la normativa jurídica comparada, y la jurisprudencia internacional, se evidencia la importancia de implementar y armonizar la normativa interna de un Estado al Convenio N° 169 de la OIT, con el objetivo de hacer viable y efectiva la aplicación de los derechos de las comunidades indígenas. En Ecuador, las comunidades indígenas son actores plenos en la política y en la sociedad, no solo por su capacidad de convocatoria y movilización, sino por su saber cultural y por su resistencia a ser impuestos políticas de desarrollo ajenas a su medio. En el territorio ecuatoriano existe un gran número de comunidades indígenas habitando zonas ricas en recursos naturales no renovables, las cuales son susceptibles de ser explotadas por la necesidad económica de los gobiernos de turno o por personas jurídicas de derecho privado; y en consecuencia, éstas zonas son altamente controversiales y casi siempre se produce un conflicto con sus habitantes. En este contexto, una normativa jurídica en cuanto a la forma y procedimientos que se deben tomar para hacer efectivo el derecho de las comunidades indígenas a ser previamente consultadas, es de extrema necesidad, puesto que, la falta de una Ley desemboca en un problema social y político. Es por ésta razón, que el presente estudio, propone una Ley para exigir el goce pleno del derecho a la Consulta previa y para hacer viable su aplicación ante los poderes públicos y los tribunales de justicia, permitiendo al gobierno, disponer y explotar sus riquezas sin vulnerar los derechos a las comunidades indígenas consagrados en la Constitución y por Instrumentos Internacionales con la plena participación de sus integrantes.