Educación: el rol del municipio y los actores locales, una propuesta hacia la descentralización en el municipio de Pimampiro

Abstract

El sistema educativo atraviesa una grave crisis en el Ecuador, expresada principalmente en sus pobres resultados, si los comparamos con otros países latinoamericanos. Sí bien el modelo público de gestión de las escuelas fiscales puede ser una de las causas, ésta es i concurrente con otras, como la inadecuación de los contenidos curriculares, la falta de capacitación de los profesores, la dispersión de las unidades educativas rurales, la instrumentación del gremio de maestros con un sector político, entre otras. Según algunos autores algunos de los problemas fundamentales de la educación ecuatoriana se centran en los siguientes puntos. Persisten notables diferencias entre la educación en las áreas rurales y la educación en las principales ciudades. Son frecuentes las quejas respecto al divorcio entre las necesidades del mercado y lo que el actual sistema educativo está ofreciendo. La disciplina, la exigencia a profesores y estudiantes y la ética de trabajo tesonero, se ha deteriorado notablemente en las últimas décadas, a causa de la politización de las escuelas secundarias y universidades. Sólo contados establecimientos en las ciudades principales imparten niveles aceptables de enseñanza en las asignaturas fundamentales para la competitividad internación de nuestra producción, en un momento de apertura económica. El actual sistema ha permitido crear espacios de poder a la tecnocracia, a la burocracia y a los sindicatos de maestros, en los que se ha asegurado, de un modo no competitivo, la estabilidad de los profesores y los administradores. Las escalas salariales están determinadas esencialmente por la antigüedad y el grado de capacitación formal, sin ninguna medida de desempeño de los resultados. Lo invertido por el país en educación, equivale aproximadamente al 2.5 por ciento del PIB, cuando los países que se están incorporando con éxito al mundo global izado actual invierten entre el 4 por ciento y el 6 por ciento del PIB. La administración de la educación pública, altamente centralizada y vertical, prácticamente anula la participación de las respectivas comunidades, de los padres de familia y de los gobiernos seccionales en el proceso educativo. Desde 1995, existen bases legales para iniciar procesos de descentralización administrativa; normas que se complementan en el año 1997. Con la Ley de Descentralización y Participación Popular. Sin embargo, se han dado muy pocos pasos concretos en la descentralización, en parte por la poca información y debate sobre la temática, así como por la poca voluntad política de los gobiernos central y seccional para impulsar procesos efectivos de descentralización. La toma de decisiones en el campo educativo es aun altamente centralizada, haciendo que la calidad del sistema y su pertinencia en el campo local no sean adecuadas esto se ha planteado una descentralización a nivel municipal, que no se ha podido implementar por varios factores entre otros.