Violación del derecho al secreto profesional en la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana

Abstract

En la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016, se plantea en lo que corresponde a disposiciones reformatorias en numeral 3 artículo 102, sobre la Responsabilidad de los auditores externos, promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos; los antes mencionados están obligados a informar bajo juramento a la administración tributaria acerca de la creación, uso y propiedad de sociedad ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos. Esta obligación riñe con el deber de reserva profesional porque obliga a entregar información a las profesiones del derecho sin contar con la voluntad de los ciudadanos afectados por la ley. En ese sentido el problema jurídico consiste en identificar la violación al derecho al secreto profesional con el que cuentan los abogados, quienes se encuentran protegidos por la Constitución de la República del Ecuador y otras normativas internas del país. Hay que señalar que esta reforma fue enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, con carácter de urgencia económica, y fue propuesta mediante iniciativa del Presidente de la República Rafael Correa Delgado. La disposición de este cuerpo normativo obliga a los profesionales a revelar información confidencial que es parte del secreto profesional, el cual es un deber y un derecho de los abogados respecto con sus clientes, inclusive aún después de haber dejado de prestar sus servicios inclusive después de la muerte del dueño de la información. Es importante señalar, en este sentido, que existen excepciones para que la información pueda ser revelada, un ejemplo de ello es el conocimiento de un posible delito. Por lo que, en la siguiente página, se demostrará la inconstitucionalidad de la reforma, mediante un análisis y estudio de comprobación si la misma es válida o inválida, tanto en su procedimiento para su aprobación como en, sí la reforma cuenta con una duda razonable para determinar su inconstitucional, con esto se revisará si existe proporcionalidad e idoneidad de la norma.