Perspectiva de derechos humanos y enfoque de género en el plan familia y estrategia intersectorial para la prevención y reducción del embarazo adolescente enero 2015- diciembre 2017

Abstract

El objetivo principal de este trabajo es evidenciar la existencia disposiciones discriminatorias que contiene el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia así como comprobar la reproducción de estereotipos sobre el rol del hombre y de la mujer en la sociedad; esta política pública estuvo dirigida por la Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de Inclusión Económica y Social y Ministerio de Salud Pública, encaminado a la reducción y prevención del embarazo adolescente, el cual a través de la integración de la familia como núcleo principal de la sociedad pretende cambiar el patrón de comportamiento en cuanto a los sentimientos de afectividad y sexualidad en jóvenes y adolescentes. En primera instancia se presenta el marco teórico que contiene un acercamiento conceptual con respecto a la perspectiva de género, políticas públicas y transversalización del enfoque de género para enmarcar la discusión del presente caso. Como segunda instancia se determina el marco normativo que regula las relación entre hombres y mujeres en el caso de la política pública que se va analizar, esto quiere decir que se identifica como las principales disipaciones constitucionales, así como las obligaciones internacionales que ha asumido el estado ecuatoriano en materia de género y Derechos Humanos, entre los principales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijín 1995 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW. A continuación, se presenta una síntesis del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia con el cual se realiza un análisis bajo los supuestos teóricos y normativos presentados que finalmente permiten constatar la ausencia de la categoría de género en el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia y la necesidad de implementar políticas públicas, programas y proyectos con base en la perspectiva de género y Derechos Humanos.