La judicialización como mecanismo estatal para criminalizar de la protesta social en Ecuador entre 1995 y 2015: sus efectos en la organización política social del país

Abstract

La integración de la agenda energética en la UNASUR La criminalización de la protesta social ha sido una característica del contexto político y social en el Ecuador a partir de su retorno a la democracia de 1979. En un principio, el uso de la Ley de Seguridad Nacional (expedida durante la dictadura) por los gobiernos democráticos, facilitó la detención arbitraria de ciudadanos, la violación de los derechos humanos y la promulgación de campañas de desprestigio en contra de las personas e instituciones defensoras de los mismos. Entre 1995 y 2005, ese instrumento permitió la represión de las manifestaciones que caracterizaron la coyuntura nacional de la época. En 2007, el triunfo de Alianza País propone un pacto social con determinados sectores de la población, el cual contribuye con la disminución de la participación en protestas sociales. Sin embargo, los ensayos de judicialización que presenta el gobierno a través de la expansión de los organismos de control y la creación de leyes que limitan a accionar de la sociedad civil, aumentan el malestar generalizado de la misma que se expresa en las calles y en los nuevos espacios, muchos más difíciles de controlar, como las redes sociales. Consecuentemente, el conflicto entre el gobierno y las formas de expresión popular resulta en denuncias, detenciones e inicios de procesos legales en contra de quienes manifiestan su oposición al régimen, limitando la libertad de expresión y el derecho a la protesta social pacífica; figuras que son reconocidas tanto en la Constitución vigente del país como en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador.