Normativa legal para erradicar la suplantación de identidad en los instrumentos públicos notariales

Abstract

La fe pública es un bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, que tiene como objetivo el brindar seguridad jurídica a las personas que viven bajo el imperio del mismo en un estado determinado. Por este motivo y al ser el estado su único titular, se encarga de regularlo y determina quienes y la forma como la aplican prácticamente para cumplir con su objeto de dar legitimidad, legalidad y dar forma suficiente a los actos y contratos jurídicos que necesitan realizar las personas para la solemnidad y validez jurídica de los mismos. Así, los notarios son nombrados para aplicar la fe pública a los actos y contratos, por ser servidores públicos, en razón de su profesión de abogados. El problema jurídico de comisión de falsedades ideológicas en instrumentos públicos notariales, debido a la forma en que se otorgan y la falta de seguridades tecnológicas de los documentos públicos actuales; llevan a buscar soluciones en la aplicación de innovaciones tecnológicas para los documentos de identidad, instrumentos públicos notariales y reconocimiento de personas por medios informáticos que proporcionan un mayor porcentaje de seguridad. Estos cambios tecnológicos, buscan además el asegurar la identidad de las personas a través de documentos fidedignos que permiten identificar a cada uno por medio de los rasgos menos repetidos en la fisionomía humana y permitir al funcionario que los utiliza con fines que atañen a la fe pública, el realizar esta comprobación de forma inmediata y hasta el negarse a seguir adelante con el otorgamiento de un instrumento público notarial si no existe identificación positiva, a través de los métodos introducidos en la ley para el efecto. Esto recordando que los notarios no pueden valerse de la costumbre para regir sus funciones, sino que deben ceñirse a la Ley. La introducción de estas nuevas tecnologías en el andamiaje jurídico del país y del servicio notarial tiene su costo, que debe ser asumido por los notarios, siempre que el órgano regulador estatal realice los estudios técnicos necesarios que permitan establecer definitivamente el tipo de medios a usarse y se preocupe de la aplicación de la reforma legal.