La unificación de los procedimientos de impugnación de los actos administrativos

Abstract

Existen dos fuentes de donde parten los sistemas de justicia administrativa implantados en la mayoría de estados, la primera es el Derecho Francés, que creó, en la época del Imperio y de la República un Consejo de Estado como entidad encargada de conocer las controversias entre el poder público y los particulares. Por otra parte, los postulados de la Revolución Francesa sentaron las bases de lo que en la actualidad se conoce como justicia administrativa. Como segunda fuente se encuentra la Constitución de Cádiz de 1812, que fue el origen del sistema judicialista de control de la actividad de la administración pública. La justicia administrativa en el Ecuador, comparte instituciones de las dos grandes fuentes, pero tiene una gran debilidad, por un lado no cuenta con un procedimiento unificado de impugnación de actos para toda la administración pública, y por otro, la principal norma que rige esta materia como es el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva no tiene carácter de Ley y su naturaleza es incierta. En la legislación ecuatoriana, cada organismo del Estado tiene una normativa distinta en lo que tiene que ver con los procedimientos de impugnación de sus resoluciones, lo que impide una verdadera aplicación de los principios universales del derecho y de los postulados constitucionales, a diferencia de los países más avanzados en justicia administrativa, que cuentan con procedimientos unificados de impugnación para toda la Administración Pública. Con estos antecedentes, se ha vuelto indispensable en el Ecuador, la emisión de una Ley con carácter de orgánica, que regule los procedimientos de impugnación de actos para todas las funciones del Estado.