La consulta previa, libre e informada, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos del Ecuador y su efectiva aplicación en la explotación de recursos mineros.

Abstract

Esta tesis trata sobre la consulta previa, libre e informada, como un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos del Ecuador y su efectiva aplicación en la explotación minera. Siendo un Derecho fundamental de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubias, se instituye como un requisito previo para la ejecución de cualquier medida que el Estado pueda tomar. El objetivo de este estudio es determinar la necesidad de que el resultado de la consulta previa tenga un efecto vinculante para la toma de decisiones y la efectiva aplicación de este Derecho por parte del Estado ecuatoriano en la explotación de minerales y a su vez determinar la efectividad de la consulta previa en la realidad de las comunidades. Para alcanzar este objetivo se plantea como pregunta general ¿El resultado del proceso de consulta previa tiene efecto vinculante a la decisión final que el Estado tome para la efectiva aplicación de este derecho? Para responder esta interrogante en el presente trabajo se realizó investigación de marcos legales nacionales y marcos legales internacionales a su vez se sustentó la base teórica de esta investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas, documentos, fuentes informáticas e Internet. El trabajo concluye con la reflexión de que la consulta previa, libre e informada es necesaria como un instrumento para las comunidades y un derecho colectivo de participación ante las políticas públicas, normas y las decisiones del Estado tome las cuales se implementan en un marco de desarrollo sustentado en la extracción de minerales. La consulta, entendida como participación ciudadana, que se constituye como un derecho y una obligación para las comunidades la cual debería ser garantizada por el Estado y por tanto ser exigible y aplicable. Para este fin, es necesario que el Estado cuente con una ley concreta que regularice este derecho y responda a contextos económicos, políticos y sociales, inspirada en principios de justicia, igualdad y bienestar social y colectivo.