El principio de proporcionalidad aplicado al delito de tenencia y posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Abstract

En la actualidad existe un amplio debate a nivel mundial sobre el control, tráfico y producción de las drogas, no obstante, con relación a la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas catalogadas como un delito de peligro abstracto por amenazar a un bien jurídico tutelado por el Estado, se recomienda que su criminalización sea remplazada por un enfoque de salud pública. Algunas propuestas de descriminalización toman en cuenta el principio de proporcionalidad, ya que busca un equilibrio entre estos delitos y sus penas, a fin de humanizar y evitar la lesión a otros derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad está compuesto por tres subprincipios, en primero el subprincipio de idoneidad, esto es, la intervención por parte del Estado de forma adecuada para determinar que el fin que persigue es constitucionalmente legítimo. El segundo, el subprincipio de necesidad, que analiza que no existan otras medidas que puedan remplazar a la pena que se va a aplicar y para finalizar el subprincipio de proporcionalidad en sí mismo que determina si la pena no resulta excesiva para el individuo. En el Ecuador la norma constitucional prohíbe la criminalización del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por considerar que se trata de un problema de salud pública, no obstante, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas se contrapone a la Norma Suprema, y, en su artículo 62 establece sanciones para el que tiene o posee drogas, sin que exista una clara diferenciación entre la tenencia para consumo o comercialización. En definitiva, constituye un verdadero desafío la solución de las anomias (lagunas legales) y antinomias (contradicciones) en torno a la tenencia de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, con el fin de dotar de mayor coherencia al ordenamiento jurídico; y, a su vez un reto que se espera se solvente con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal y demás normas jurídicas conexas.