Inmunidad penal de jefes de estado y agentes diplomáticos en el Ecuador

Abstract

La inmunidad penal de Jefes de Estado en el Ecuador, ha sido un tema que últimamente ha causado controversia, un ejemplo claro de ello, es lo que sucedió en Angostura. Pero a nivel internacional el tema que fue un ícono importante a nivel latinoamericano fue el caso Pinochet. Es por ello, que en el desarrollo de esta tesis, analizaremos el problema en cuanto a la inmunidad de Jefes de Estado, empezando por su definición, una breve reseña histórica de la inmunidad y de las relaciones diplomáticas a nivel mundial, incluyendo las teorías que apoyan a la existencia y reconocimiento de estas prerrogativas. El problema fundamental a ser analizado radica en el hecho de que no cuentan con un cuerpo normativo claro que permita determinar las causas en las cuales ésta sea aplicable o no, para los Jefes de Estado, ya que se rige por normas de carácter consuetudinario de Derecho Internacional, a diferencia de lo que sucede con los agentes diplomáticos, quienes si cuentan gracias a la Convención de Viena de 1961, con la aplicación de normas específicas en virtud de su cargo y la interpretación de las normas aplicables dejó de hacérselo de manera ambigua, a fin de poder brindar seguridad jurídica de lo actuado por parte de los Tribunales Internacionales, lo que contribuye a la satisfacción generada por la justicia de todos quienes formamos parte de un determinado Estado. Además analizaremos, el respeto por los derechos humanos, lo cual ha sido de vital importancia para la positivización de algunas normas, estatutos y tratados. La violación de los derechos fundamentales del ser humano, ha exigido que las personas que se encuentran a cargo del poder, no puedan hacer un mal uso de ello, ya que son la imagen de un Estado al cual representan, al igual que sus familias, entendiéndose de esta manera la extensión de esta prerrogativa. La política por parte de la Corte Penal Internacional ha sido la de no justificar de ninguna manera el abuso de poder, por ende, no existe alegación alguna que pueda presentarse como justificativo para escudarse en la inmunidad penal. Todo ello con el único objetivo de establecer responsabilidades sobre quienes hayan participado en el ilícito de manera directa o indirecta, lo que hay que recalcar es que cualquier tipo de actuación implica responsabilidad. La violación tanto del ordenamiento jurídico interno vigente como el internacional ha propiciado a que los Tribunales Internacionales, junto con los de cada Estado, emprendan junto con la ayuda de los Estados, la persecución en contra de quienes hayan sido partícipes de manera especial de crímenes internacionales.